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| Unas barricadas colocadas alrededor del tribunal de Pekín donde el 22 de enero de 2014 comienza el juicio contra Xu Zhiyong, uno de los disidentes más prominentes de China, por participar en protestas anticorrupción (AFP, Goh Chai Hin) |
Según los documentos financieros obtenidos por el Consorcio Independiente de Periodistas de Investigación (ICIJ), basado en Washington, cerca de 22.000 clientes originarios de China popular o Hong Kong tienen vínculos con compañías 'offshore' en los paraísos fiscales.
Entre ellos, millonarios procedentes del mundo de los negocios, como Yang Huiyan, la mujer más rica de China, o Pony Ma y Zhang Zhidong, fundadores del gigante de internet Tencent.
Pero los 2,5 millones archivos confidenciales examinados por ICIJ revelan también un verdadero 'quién es quién' de la élite política de la segunda economía mundial, un país donde la riqueza de los dirigentes es tema tabú y los máximos responsables del régimen comunista se supone que sirven al pueblo de forma desinteresada.
Aparecen miembros de la Asamblea Nacional Popular (ANP), el Parlamento chino, familiares del expresidente Hu Jintao, del exprimer ministro, Li Peng, y de Deng Xiaoping, que supervisó a partir del final de los años setenta la apertura de la economía china.
También están implicados familiares de Xi Jinping, el actual jefe del Estado, y de Wen Jiabao, primer ministro de 2003 a 2013, que en 2012 se vieron salpicados por varias investigaciones periodísticas sobre la colosal fortuna de sus familias.
Riquísimo promotor inmobiliario e inversor, Deng Jiagui, que contrajo matrimonio en 2006 con la hermana mayor de Xi Jinping, posee un 50% de una sociedad domiciliada en las Islas Vírgenes, llamada Excellence Effort Property Development.
Por su lado, Wen Yunsong -hijo de Wen Jiabao- creó en 2006 en el mismo paraíso fiscal una sociedad de la que era único dirigente y accionista.
Aunque este tipo de sociedad y 'trusts' "pueden no ser del todo ilegales", cubren a menudo "conflictos de intereses y el uso de relaciones en la esfera del gobierno", indicó al ICIJ Minxin Pei, profesor del Claremont McKenna College.
Estas revelaciones llegan unos días después de la publicación en Hong Kong de una carta de Wen Jiabao, que clamaba su "inocencia" tras la publicación el año pasado sobre la fortuna de su familia y desmentía toda malversación.
Un 90% de clientes de China continental ha constituido entidades 'offshore' en las Islas Vírgenes británicas, a menudo con ayuda de firmas occidentales, entre ellas las helvéticas UBS y Crédit Suisse o el gigante de la asesoría PricewaterhouseCoopers (PwC).
Un 7% está instalado en las islas Samoa y un 3%, en otras zonas, indicó asimismo el ICIJ, que precisó haber trabajado con más de medio centenar de organizaciones y medios de comunicación de todo el mundo para analizar los documentos.
Paralelamente, el proceso de un universitario chino que pidió más transparencia a los dirigentes comunista debía empezar este miércoles en un tribunal de Pekín rodeado de un dispositivo de alta seguridad en un contexto de represión reforzada de las voces disidentes.
Xu Zhiyong, fundador del Movimiento de los Nuevos Ciudadanos, red informal de militantes que se encuentra en el punto de mira de las autoridades chinas, puede ser condenado a cinco años de reclusión.
Decenas de policías uniformados y de paisano estaban presentes alrededor del tribunal, situado en el oeste de Pekín, e intentaban impedir que la prensa grabara el edificio, constató un periodista de la AFP en el lugar. La prensa extranjera no puede asistir a la audiencia.
El abogado y universitario Xu Zhiyong es uno de los ocho militantes anticorrupción que deben ser juzgados en los próximos días, acusados de perturbar el orden público. Xu preconizó una movilización ciudadana contra la corrupción y exigió transparencia sobre el patrimonio de los altos funcionarios.
Una veintena de seguidores se reunía fuera del tribunal.
Amnistía Internacional denunció el martes la "hipocresía" de las autoridades chinas, que juzgan a estos militantes al tiempo que hablan de transparencia y de lucha contra los sobornos.
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